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Once concejales del Ayuntamiento de Valencia son nombrados en el caso Azud.

Sin los corruptos, los corruptores y los corrompidos, no hay corrupción. El caso Azud ha puesto de manifiesto el apetito insaciable de empresarios como Jaime María Febrer, que fue el perejil de muchas de las salsas urbanas valencianas en la primera década del siglo XXI. Pero también políticos como Alfonso Grau, el ex teniente de alcalde de Valencia, quien, según los investigadores, es el responsable de la supuesta recolección de más de dos millones de ‘mordidas’. O el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Rafael Rubio, al que se dice que le pagaron 300.000 euros para callar a sus críticos. Sin olvidar la figura del abogado José Marа Corbán, alcalde de Valencia de 1991 a 2015, que convirtió su despacho de la calle Sant Vicent Màrtir, a 400 metros del ayuntamiento, en un “registro de entrada” para repartir favores, gratificaciones o agilizar trámites entre contratistas previo pago de supuestas comisiones, como si fuera un dispensador de turnos en un supermercado. Para evitar cojear, un armazón de tres patas requiere un cuarto apoyo. Los funcionarios que participaron en los laudos irregulares y la provisión de adiestramiento privilegiado a funcionarios corruptos, ya sea de forma activa o pasiva. O tal vez simplemente se dieron la vuelta.

De esta manera, la trama de Azud logró abrirse paso al más alto nivel. El caso involucra a un total de once altos funcionarios del Ayuntamiento de Valencia, o ‘Casa Gran’. Si incluye a los que han muerto, el total es aún mayor. La citación judicial ha llegado en la tranquilidad de la jubilación para algunos. Uno de los motivos del retraso en el levantamiento del secreto del caso Azud ha sido la gran cantidad de empleados públicos presentes. En el último auto que mantuvo las diligencias en secreto, así lo explicó el Juez de Instrucción 13 de Valencia, que dirigió la investigación junto a la Fiscalía Anticorrupción. “El verdadero impedimento para levantar el secreto es que se están recibiendo declaraciones testimoniales de funcionarios del Ayuntamiento de Valencia como consecuencia de las tramas de corrupción que se han desarrollado, y en concreto 11 trabajos investigados en el Ayuntamiento, en cargos relevantes, y la La única conclusión lógica que se puede sacar es que levantar el secreto preliminar pondría en peligro por completo la investigación, porque podría (y casi con certeza) influir en la mente de las personas involucradas”.

La operación escolar

Según las tramas analizadas en la investigación, el magistrado describe la participación de varios funcionarios. En el caso de la operación escolar, el pago de una deuda de 35 millones al Ayuntamiento de Valencia con los centros religiosos a cambio de tres solares edificables, los investigadores de Azud señalan que por estos hechos, “cobraban comisiones ilícitas por su necesaria e imprescindible participación para que los el empresario Jaime Febrer y su grupo de empresas podrían lograr sus objetivos Alfonso Grau, Rafael Rubio y Néstor Gabriel Ramírez Gómezjefe de los Servicios Jurídicos”

En el caso de Néstor Ramrez, la magistrada señala en uno de sus autos que fue él quien dio “una apariencia de legalidad al verdadero negocio orquestado por Mediterránea de Actuaciones Integradas SL”, la empresa fundada por Jaime Febrer, Mónica Montoro, y Federico Ferrando por el “operativo escuela”, que incluía un cambio en el Plan General de Valencia. De hecho, los investigadores descubrieron el acta de una reunión entre Febrer, Montoro y Ferrando el 5 de abril de 2005, durante la cual los temas a tratar incluían “fijar honorarios a Néstor”. Además, la “tabla de costes” de la operación asignó las letras “N” y “NR” al jefe de los servicios jurídicos, así como la suma de 360.607,26 € según consta en la causa.

También tuvieron “participación activa” en este capítulo de la trama, según cuenta en un auto la funcionaria Esmeralda O., jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia en 2007, quien facilitó a Jaime Febrer una “lista de seis parcelas destinadas a uso municipal” para que pudieran elegir las que más les convienen en el funcionamiento escolar. Esmeralda OP habría conspirado con Juan Antonio Altés Martín, jefe del Servicio de Urbanismo (también fallecido en 2012), para fabricar el perjuicio patrimonial derivado de la adjudicación de las tres parcelas a Febrer, Montoro y Ferrando a cambio de la deuda de los colegios .

El hospital católico nunca construido que fracasó estrepitosamente

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“Mara Dolores CS, Jefa de Sección de Bienes Raíces, José Luis CG, Jefe de Sección de la Oficina Técnica de Patrimonio y Carmen SR, Jefa de Servicio de Patrimonio” fueron los funcionarios que “hicieron las bases” del concurso para adjudicar la parcela del fallido hospital de la Universidad Católica, cuyas licitaciones fueron amañadas por el empresario Jaime Febrer. Las tres personas parecen estar bajo investigación como parte de la operación Azud.

Finalmente, en el contrato de gestión pública del Servicio de Limpieza y Conservación del Sistema Municipal de Saneamiento de Valencia, adjudicado a la empresa Accion, la Jefa del Servicio de Contratación en 2006, Carmen MI, y el Jefe de la Sección I de Contratación, Joaquín VH, “encargados de redactar los pliegos que debían regir el contrato”, junto con “Juan Batista CF, Jefe de Saneamiento del Sistema Municipal de Saneamiento de Cádiz, han sido investigados por

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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