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Las empresas enfrentarán un “leve aumento” en los costos como resultado de la Ley de Servicio al Cliente, según Asuntos del Consumidor.

MADRID, 1 de junio (PRENSA EUROPA) –

El Ministerio de Consumo admite que la Ley de Atención al Cliente, que limitará a tres minutos los tiempos de espera telefónica para información, reclamaciones y servicios postventa, supondrá un «leve incremento» de costes para los comercios afectados, pero no para los gobierno.

Independientemente de que la comunicación se haya iniciado a través de contestadores automáticos o sistemas robóticos, los usuarios podrán solicitar ser atendidos por una persona con formación especializada en el marco de la futura Ley de Atención al Cliente.

“En una primera fase cabría esperar un ligero incremento de costes, ya sea en algún tipo de aumento de personal que puedan requerir algunas empresas, o en formación y formación adicional que pueda requerir el personal dedicado a la atención al cliente, para poder atender los nuevos estándares de calidad”, según el Informe de Análisis de Impacto Normativo, al que ha tenido acceso Europa Press.

El anteproyecto, por su parte, incluye cargas administrativas que deben asumir las empresas, tales como la documentación del sistema de evaluación del nivel de calidad del servicio; presentación anual de una copia actualizada de la documentación descriptiva del sistema de evaluación del nivel de calidad del servicio, junto con el informe de auditoría; actualización de documentos y corrección de deficiencias; conservación de estos documentos durante al menos cinco años; y la contratación de un auditor independiente.

Consumer calculó el coste aproximado de los gastos administrativos para cada empresa en base a lo anterior, que asciende a 2.104 euros: presentación de informe o memoria (500 euros), obligación de comunicación (100 euros), obligación de conservación de documentos (4 euros), y contratación de un entidad para realizar una auditoría externa (1.500 euros).

“En principio, no habrá costes económicos significativos derivados del establecimiento de servicios de atención al cliente, salvo en la minoría de los casos en los que dicho servicio no exista”, según Consumer Affairs, “ni habrá costes adicionales asociados al establecimiento de sistemas de registro de quejas y reclamaciones para aquellas empresas que ya contaban con un servicio de atención al cliente, prácticamente todas las empresas cubiertas por la norma.”

Por último, Consumo asegura que esta propuesta de ley «no supondrá un aumento del gasto ni una disminución de ningún ingreso para la Hacienda del Estado ni para las comunidades autónomas». “Por el contrario, la creación de empleo que pueda resultar de la adaptación de las empresas a la nueva norma podría en todo caso generar nuevos ingresos a través de las cotizaciones y los impuestos”, añade.

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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