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La Corte Constitucional tiene la esperanza de que antes de agosto se llegue a un acuerdo político que le permita renovar su mandato más rápidamente.

El Tribunal Constitucional (TC), que decide sobre la constitucionalidad de las leyes de nuestro país y protege a los ciudadanos de violaciones a sus derechos fundamentales, perderá en dos semanas una tercera parte de sus magistrados. Esto se debe a que el 12 de junio vencen los mandatos de los actuales presidente (Pedro González-Trevijano) y vicepresidente (Juan Antonio Xiol), y los magistrados conservadores (Santiago Martínez-Vares y Antonio Narváez) deberían dejar sus cargos, a pesar de que el actual la falta de acuerdo entre los principales partidos, PSOE y PP, imposibilitará la renovación en plazo.

Si la dinámica institucional funcionase como debe, estos cuatro magistrados serían sustituidos en la misma fecha por dos miembros progresistas elegidos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y dos miembros conservadores elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -uno progresista y otro conservador-. -, transformando la situación actual en el cuerpo de garantía en una con una tendencia mayoritaria muy diferente a la actual, que es claramente conservadora. Y ello en un momento en el que el organismo amasa recursos, muchos de los cuales han sido captados por Vox y que ponen en tela de juicio casi todos los aspectos de la gestión del Gobierno, así como otros de gran calado social, como el presentado por el PP. Hace 12 años contra la ley del aborto.

El tema vuelve a ser el insólito estancamiento en la reposición de sus miembros, que arrastra desde hace casi tres años y medio al órgano de gobierno de los jueces, y que tampoco ha podido hacer nombramientos interinos desde marzo del año pasado, tras una controvertida reforma patrocinado por el gobierno de coalición.

Recursos lisiados

El TC, en teoría, tiene la llave para deshacer el lío, ya que las reformas del PSOE y Unidas Podemos fueron duramente criticadas por el PP y Vox, que interpusieron dos recursos de inconstitucionalidad contra lo que ven como una limitación irregular de las funciones del Consejo. Si estos recursos ya se hubieran discutido y estimado, el CGPJ sería libre de hacer el TC y muchos otros nombramientos de la dirección judicial que están actualmente pendientes.

Según fuentes de este organismo, esta vía “ni está ni se espera” de momento, porque los tiempos los controlan los interlocutores, que son los progresistas Xiol (sobre el recurso del PP) y Mara Luis Balguer (sobre el recurso de Vox) , y ni siquiera hay borradores. Según las fuentes consultadas, estos magistrados creen que el problema de la renovación debe ser abordado por los políticos y no por el Tribunal Constitucional, por lo que no tienen planes de acelerar el proceso.

Optimismo tras la ronda de asociaciones de Pons

Sin embargo, fuentes cercanas a este organismo creen que, una vez resueltas las elecciones andaluzas, antes de agosto se llegará a un acuerdo político que permita acelerar la renovación del TC a septiembre u octubre como muy pronto.

Si bien los magistrados de este organismo tienen un mandato de nueve años que se interrumpe si toman posesión después de la fecha señalada, una demora de solo unos meses no se consideraría un problema. Es decir, del total del mandato que deben cumplir se descontarán los meses que tarden los nuevos miembros en incorporarse al tribunal de garantías.

El optimismo parte de lo que Esteban González Pons, interlocutor en este caso, ha ido comunicando a los colegios de jueces y fiscales durante una serie de reuniones que ha mantenido con ellos en las últimas semanas junto a la secretaria del partido, Cuca Gamarra. En todas estas reuniones se abandonó la idea de que el acuerdo con el PSOE se produciría después de las elecciones andaluzas, en junio o julio, sin fijar fechas concretas.

Después de que las Cortes (la mitad del Congreso y la otra mitad del Senado) elijan a los 20 miembros del CGPJ, debe quedar constituido el nuevo órgano, y sus miembros deben celebrar dos plenos, uno para proponer candidatos a presidente o presidenta, y otro para elegirlo. El Consejo podrá comenzar a llevar a cabo sus funciones, que incluyen el nombramiento de dos magistrados para el TC, solo a partir de este momento, por lo que es muy probable que su renovación no se produzca hasta después de las vacaciones de verano de agosto.

El Tribunal Constitucional, por su parte, elegirá libremente a su presidente y vicepresidente para los próximos años entre sus magistrados más experimentados, y Cándido Conde-Pumpido es el favorito para encabezar el nuevo tribunal progresista.

Un segmento de este organismo cree que legalmente no se debe esperar tanto, y que el Gobierno debería ahora nombrar a los dos magistrados que compongan su cupo para cumplir con la Constitución y evitar las restricciones del CGPJ. Cuando se formó el TC y aún no había sido elegido el CGPJ, el gobierno de UCD lo hizo de esta manera, citando un precedente.

El modelo sigue siendo un obstáculo

Lo que sí parece seguro es que la nueva dirigencia popular tiene “unas ganas genuinas” de normalizar la situación del CGPJ, y que ya no ve como requisito ineludible un cambio en el modelo de elección de miembros previo a la renovación, como hacía el equipo de Pablo Casado.

En cualquier caso, fuentes asociativas aseguran a este diario que la anterior dirigencia nunca planteó un sistema de voto definido ni promovió un consenso social al respecto, dando a entender que esta reivindicación no era más que un pretexto para aplazar la renovación de un CGPJ de mayoría conservadora.

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A su vez, ante la posibilidad de que se renueve próximamente, el Consejo General del Poder Judicial se muestra cada vez más escéptico. El tiempo que lleva en el cargo ha mermado las esperanzas de sus seguidores, que ahora observan con gran expectación la actuación del PP en las próximas elecciones andaluzas, temiendo que una buena actuación haga que el actual líder del partido, Alberto Nez Feijóo, sea menos probable que busque la reelección.

Ante el cambio de mayorías a raíz de la renovación del Tribunal Constitucional (siete progresistas frente a cinco conservadores), hay quienes sostienen que el PP tiene interés en no sustituir a miembros del órgano de gobierno de los jueces, sobre todo después de que el Gobierno pusiera el bloqueo al TC en un plato al vetar su capacidad para hacer citas mientras está en el cargo.

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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