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En el caso de las subvenciones del hermano de Ximo Puig, el PP exige que la Generalitat comparezca personalmente.

El PP ha exigido la comparecencia de la Abogacía de la Generalitat Valenciana en la causa por sospecha de fraude de subvenciones que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, en la que están involucrados el hermano del presidente autonómico, Ximo Puig, así como el empresario Juan Enrique Adell Bover y el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, están todos acusados.

Eva Ortiz, diputada popular en las Audiencias valencianas, ha preguntado este jueves a la ministra de Justicia, Gabriela Bravo, “cuándo va a dar la orden” para que eso suceda, y ha destacado la importancia de que la Abogacía de la Generalitat “defienda penal y judicialmente”. canaliza civilmente el dinero público que tanto el hermano del Presidente como Adell Bover ingresaron en los tribunales, tanto el lunes como el miércoles, que ingresaron y facturaron irregularmente con facturas duplicadas y falsas”.

Según la Guardia Civil, el importe de las subvenciones concedidas por los gobiernos valenciano, catalán y aragonés entre 2015 y 2018 superó los 1,2 millones de euros, asegurando que “se está produciendo y se ha producido una pérdida de dinero público, sin que el gobierno valenciano haga absolutamente nada”. para prevenirlo.”

El diputado popular, por su parte, ha cuestionado «por qué a la pareja del hermano de Puig se le han pedido siete devoluciones y al hermano de Puig no se le ha pedido ninguna». No quiero creer que el apellido Puig tenga una relación significativa con esto”.

Además, ha afirmado que “Can Maestrat, la productora de los socios del hermano del presidente, ha quebrado” y que “con esta fórmula, estas empresas nunca devolverán el dinero ingresado de forma fraudulenta”.

La Generalitat duda de la existencia de un delito

Por su parte, Gabriela Bravo, la ministra de Justicia, ha tachado a Eva Ortiz de “desconocimiento deliberado” del ordenamiento jurídico, porque “a pesar de las más de 388 páginas del informe de la Guardia Civil, existen dudas más que razonables sobre la comisión del delito de defraudación de subvenciones, porque el tipo exige que la cantidad obtenida irregularmente supere los 120.000 euros, hecho que la Guardia Civil no ha acreditado.”

“Lo que sí sabemos es que todos los controles que ha hecho la Administración a las empresas de Francis Puig han salido impolutos, por lo que no ha habido ninguna reclamación”, ha denunciado. Asimismo, “el Ministerio Fiscal ha solicitado el informe de la Intervención de la Generalitat de la Comunidad Valenciana y de Cataluña porque si no se da esa premisa no hay fraude y por tanto no hay perjuicio que indemnizar”, ha señalado. «en un caso criminal».

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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