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El Tribunal Constitucional estudiará las sentencias del TS y Batet que provocaron la denegación de un escaño a Alberto Rodríguez.

La Corte Constitucional ha admitido dos recursos de amparo presentados por Alberto Rodríguez, exdiputado de Unidas Podemos, contra la decisión de retirarle su escaño en el Congreso a raíz de su condena por atentado a la autoridad.

Según el órgano de garantía, el Pleno se pronunciará sobre el auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo, así como sobre el acuerdo de la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, de comunicar a Rodríguez la retirada de su acta.

Ambos recursos coinciden en la “trascendencia constitucional especial”, según el tribunal, porque ambos plantean un problema o afectan una faceta de un derecho fundamental para el que no existe doctrina constitucional.

No a la precaución

La solicitud de Rodríguez de suspender temporalmente los acuerdos que resultaron en la pérdida del escaño fue denegada por el tribunal en pleno, que en su lugar abrió un conjunto separado de medidas provisionales para escuchar a todas las partes involucradas en el caso.

Se espera que la sentencia pronunciada en la apelación contra la orden de la Corte Suprema sea informada por el juez Santiago Martínez Vares. La sentencia sobre el recurso de casación contra la resolución de Batet la redactará la jueza María Luisa Balguer.

En el caso de la sentencia del Tribunal Supremo, Rodríguez alega que la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo, a pesar de la sustitución de la pena de prisión por una multa, vulnera el derecho a la imparcialidad del juez, la presunción de inocencia y el principio de legalidad penal.

La cuestión que se plantea en el recurso contra el acuerdo adoptado por el presidente del Congreso es si se ha vulnerado o no su derecho a permanecer en la función pública, ya que su salida de la Cámara fue acordada al aplicar la sentencia por la que fue condenado a prisión. pero fue reemplazado por una multa.

Rodríguez cree que la resolución parlamentaria impugnada fue aprobada por alguien que carecía de la autoridad necesaria, alegando que la autoridad debería haber sido delegada al Pleno de la Cámara, con base en una propuesta de la Comisión del Estatuto de los Diputados.

El exdiputado asegura que la decisión es injustificada, y que la pérdida de la condición de diputado conlleva una doble sanción y es un resultado desproporcionado de la sanción penal.

la condena de rodriguez

Rodríguez fue condenado a un mes y quince días de prisión por agresión a agentes del orden, con la atenuante altamente calificada de dilación indebida y la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo mientras cumplía su condena.

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El Tribunal Supremo, en una sentencia dictada el pasado mes de octubre, sustituyó la pena de prisión por 90 días de multa de 6 euros diarios (un total de 540 euros) y trasladó la resolución a la Junta Central Electoral (JEC) para que se dicte lo que corresponda. Eventualmente perdió su escaño en el Congreso.

Como consecuencia de la despenalización de los delitos en 2015, el exdiputado fue absuelto del delito de lesiones corporales, aunque se le condenó al pago de 50 euros por responsabilidad civil a un agente del Cuerpo Nacional de Policía al que habría dado patadas durante una manifestación en La Laguna (Tenerife). ) en 2014.

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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