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El silencio ensordecedor del Gobierno ante un nuevo atolladero lingüístico

Ya se sabía que la Generalitat catalana urdiría cualquier artimaña legal para no cumplir la sentencia que obligaba a que el 25% de la docencia presencial fuera en castellano. Y se asumió ampliamente que instruiría, en lugar de ordenar, a las instituciones educativas que hicieran caso omiso de la decisión judicial. Se conformaron con un decreto que el gobierno ni siquiera había considerado. No hay indicios de que el Ministerio de Educación impugne la flagrante ilegalidad del decreto, y mucho menos su constitucionalidad. La Generalitat se rebela una vez más contra los jueces, el Estado y los claros mandatos constitucionales. Es inaceptable la inacción de este gobierno, como también lo es que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no reconozca esta desobediencia de hecho y ordene que la sentencia se ejecute íntegramente en los próximos días.

Es una cuestión de derechos fundamentales, no un nuevo capricho de independencia, lo que está en juego aquí.

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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