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Claves del Decreto del Catalán en el Aula del Gobierno

En una reunión extraordinaria, el Consejo Ejecutivo aprobó este lunes un decreto ley que tiene como objetivo proteger el catalán en las aulas en respuesta a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que exige que el 25% de las clases se impartan en español para el 31 de mayo. La nueva ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales estaba estancada mientras el Consell Garanties Estatutàries se pronunciaba sobre su constitucionalidad a instancias de Vox, Cs y PP, el gobierno de Pere Aragonés decidió tomar este camino. El objetivo sigue siendo el mismo: por un lado, la ley aprobada por la legislatura, y por otro lado, el decreto del Executiu. Los siguientes son los puntos principales del texto legal, que entrará en vigor el martes:

El decreto ley establece que el Departamento de Educación validará los proyectos lingüísticos de todos los centros educativos catalanes -en un plazo máximo de 30 días-, absolviendo así a los directores de escuelas e institutos de cualquier posible responsabilidad legal.

El objetivo del decreto es “establecer los aspectos relativos a la organización de la enseñanza y el uso de las lenguas oficiales en cada centro” al “fijar los criterios aplicables a la elaboración, aprobación, validación y revisión de los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos y centros educativos privados apoyados con fondos públicos.”

El artículo 2 establece que el objetivo es que los alumnos tengan “dominio oral y escrito del catalán y del castellano al final de la enseñanza obligatoria”, con evaluaciones periódicas cada dos años como máximo, y que los proyectos lingüísticos deben adaptarse “al análisis de la sociolingüística ambiente de los centros, del ambiente general y de los objetivos de normalización lingüística”, y que se escribe “la no aplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes i”.

El Gobierno ya ha iniciado conversaciones con los ‘comuns’ para que este decreto ley sea aprobado por el hemiciclo catalán. Y es que, con la copa quitada de la ecuación en lo que se refiere al catalán en las aulas, y el PSC opuesto a hacer explícito el rechazo a los porcentajes en los colegios, sólo los morados se ven como aliados en el Parlament a la hora de aprobar la factura.

Los anticapitalistas creen que no se ha negociado lo suficiente con la comunidad educativa, y que tanto la ley como el decreto “consagran la segregación escolar” por razones lingüísticas, porque cada centro educativo elegirá qué idiomas usar en función de sus realidades sociolingüísticas. El catalán es la “única” lengua vehicular, según la propuesta de cuper, y se debería implantar un proyecto de lengua única en todas las escuelas e institutos catalanes.

Posible recurso a la Constitución

El PP Y Vox recurrirá casi con toda seguridad la sentencia ante el Tribunal Constitucional. Ambos partidos cuentan con más de 50 diputados en el Congreso de los Diputados (el partido popular tiene 88, mientras que la extrema derecha tiene 52). De hecho, PP y Cs ya han manifestado que presentarán un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley, que se espera que sea aprobada por el Parlamento una vez pase el filtro del Consell de Garanties Estatutaires.

El decreto irá acompañado de una nueva ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en las enseñanzas no universitarias, que fue consensuada por el PSC, ERC, Junts y ‘commons’. El Consejo de Garantías Estatutarias, que examina la constitucionalidad de los textos, aún tiene que aprobar esta propuesta, que la sala ha avalado para su tramitación expedita. El pasado jueves, Vox, Cs y PPC comparecieron ante este organismo para aplazar su aprobación en el Parlamento, que en un principio estaba prevista para el pasado viernes. Dado que la CGE tiene siete días para responder, no se hará efectiva antes del 31 de mayo, cuando vence el plazo del TSJC para ejecutar su fallo. En todo caso, una vez que entre en vigor el decreto, se notificará al tribunal el estado de la ley, que será aprobada en el pleno con la mayoría suficiente (78% de los parlamentarios).

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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