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Ante dudas constitucionales, Armengol reduce atractivos turísticos por ley.

El gobierno tripartito de PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més per Mallorca aprobaron el martes la nueva ley de turismo de Baleares, a pesar de las preocupaciones de que fuera inconstitucional. Debido a que hay dudas jurídicas sobre la moratoria turística, el PP ha pedido que la norma se remita al Consell Consultiu, máximo órgano consultivo.

El bloqueo del pool de plazas en Mallorca, Ibiza y Formentera es el aspecto más polémico de la nueva norma, que marca el rumbo de una caída del turismo en las islas. Los gobiernos insulares (consells) tendrán ahora cuatro años para revisar la oferta actual y fijar un techo de plazas que deberá reducirse.

La congelación se aplica a la nueva oferta en el caso de Menorca, que no dispone de bolsa de plazas. Pasado este plazo, por cada dos plazas vendidas entre propietarios, se debe cancelar una, afectando principalmente a los alquileres turísticos y provocando la pérdida de hasta 5.000 plazas al año.

La nueva ley ha sido aprobada con el apoyo parcial de Ciudadanos y el partido regionalista PI, mientras que el PP y Vox la han rechazado tras una jornada maratónica y de debate prácticamente monotemático en el Parlament Balear. La ley ha sido descrita como «pionera, comprometida y valiente» por la presidenta de las Islas Baleares, la socialista Francina Armengol, quien cree que se centra en «la calidad más que en la cantidad».

El PP asegura que es “una ley antiturista, una ley de huelga, que va en contra de los trabajadores”, y advierte que si gana las elecciones el próximo año cambiará la legislación y presentará un proyecto de alternativa turística sostenible.

El público en general cree que la moratoria es un ataque a la libre competencia, la libertad de mercado, los pequeños empresarios, los pequeños propietarios y los pequeños inversionistas, y que la reducción resultará en la pérdida de empleos. También pidieron que la ley fuera enviada al Consell Consultiu, pero fue rechazada por el Parlament.

La nueva regulación, según Vox, asfixia la libre competencia y la creación de nuevos negocios turísticos. Critica la falta de un informe que sustente dos de los puntos principales de la Ley de Turismo, como son la moratoria y la reducción del número de plazas disponibles.

“Hay 600,000 atracciones turísticas en los Estados Unidos”. Es hora de poner todos sus huevos en una sola canasta y concentrarse en mejorar su calidad en lugar de expandir su negocio. Iago Negueruela, ministro de Turismo, defendió el objetivo de ser “mejores, no más grandes”. Sin embargo, esta ley se queda corta para los economistas de Més per Menorca -socios del gobierno externo- que acusan al gobierno regional de tener “miedo” a seguir adelante.

Después de las enmiendas parlamentarias, el proyecto de ley se ha mantenido en 75 páginas, frente a las tres páginas cuando se presentó en febrero. Además de la reducción, a partir de 2023, se requerirá que las amas de casa instalen camas elevadoras (mecánicas o eléctricas) para facilitar su trabajo. Como resultado de esto, se reemplazarán 300,000 camas.

Salvo establecimientos pequeños, también permite a los hoteles aumentar un 5% las zonas comunes mediante la reducción de habitaciones. Además, los hoteles que ya no están en uso pueden convertirse en viviendas a cambio de un estado semiprotegido. Los productos locales supondrán el 3% del total. Las calderas serán de gas o eléctricas, y los grifos serán ahorradores de agua. Se proponen multas de 500 euros o 5.000 euros para camas no elevables y aseos sin doble botón de ahorro de agua, según la normativa.

Oliver Barker

Nació en Bristol y se crió en Southampton. Tiene una licenciatura en Contabilidad y Economía y una maestría en Finanzas y Economía de la Universidad de Southampton. Tiene 34 años y vive en Midanbury, Southampton.

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